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El Gobierno ha recogido el guante de los empresarios sobre el grave problema que supone el absentismo en España, que afecta de forma directa a ... su productividad, y está dispuesto a ponerle freno dando mayor poder a las mutuas. Para ello, trabaja desde hace varios meses con los sindicatos y la patronal para reformar la prestación por incapacidad temporal con el triple objetivo de mejorar la protección de la salud de los trabajadores, reducir los tiempos de baja y, así, recortar también un gasto que está disparado y en máximos históricos.
Con estos retos –nada fáciles– en el horizonte, el Ministerio de Seguridad Social puso el pasado lunes encima de la mesa del diálogo social la primera propuesta por escrito con medidas encaminadas a tal fin y que, tal y como adelantó este periódico, incluye una reincorporación progresiva al trabajo para bajas médicas de «determinadas patologías» (aún sin concretar, aunque la ministra, Elma Saiz, ha puesto muchas veces como ejemplo enfermedades oncológicas) y más de 180 días de duración, siempre que previamente el paciente haya sido dado de alta por el médico, cumpla unas condiciones y por un máximo acotado de un mes. Es decir, una de las medidas estrella de la ministra, que generó una fuerte polémica y que los sindicatos rechazan de plano, se desinfla y tendrá un impacto muy limitado, puesto que las bajas de larga duración son apenas un 3% del total.
Sin embargo, el Ejecutivo sí estaría dispuesto a ceder a una de las reivindicaciones de los empresarios de dar un mayor campo de actuación a las mutuas de trabajo. Así, aunque no transige en la petición de la patronal de que ellas también puedan dar las altas médica por incapacidad temporal, sí abre la puerta a que estos organismos propongan el alta de los trabajadores con procesos de bajas por enfermedad común de una duración de más de un año, algo que ahora solo pueden hacer si no exceden los doce meses de enfermedad, según recoge el documento presentado a los agentes sociales al que ha tenido acceso este periódico. En la actualidad esta competencia es exclusiva del Instituto Nacional de Salud (INSS).
Con esto el Gobierno quiere agilizar los procesos de incapacidad temporal y la duración de las bajas mediante la «colaboración» entre todas las entidades que participan, según reconoce en el texto. Así, además de la atribución antes mencionada, las mutuas podrán formular a la inspección médica del INSS una propuesta de alta de los trabajadores en situación de Incapacidad Permanente (no temporal) en las bajas por contingencias comunes de menos de un año de duración (365 días), para que la entidad gestora valore si procede o no acordar la iniciación de expediente para tramitar dicha incapacidad.
Asimismo, en las bajas causadas por un accidente laboral o enfermedad profesional –que se regulan de distinta forma a las generadas por una enfermedad común–, las mutuas también tendrán más protagonismo y podrán emitir altas por curación o por mejoría en los procesos de más de un año de duración (como ya hacen durante el primer año de baja), así como podrán dar altas con propuesta de inicio de expediente de incapacidad permanente. Con ello, el ministerio entiende que se «aliviará» la sobrecarga de trabajo de la inspección médica y del INSS.
Por otra parte, el Ejecutivo también plantea una nueva regulación para las bajas médicas de los trabajadores pluriempleados y se les permitirá continuar desempeñando aquella actividad para la que, «a juicio médico», no se encuentre impedido, bien desde el principio de la baja, bien con posterioridad, de forma que primero se emita una baja para todas las actividades y posteriormente un alta para alguna de estas.
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