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El Ayuntamiento de Málaga sigue dando pasos para impulsar cuanto antes el desarrollo del proyecto para construir un millar de VPO en unos terrenos ubicados ... al oeste de la barriada de Soliva. Esta actuación, que durante años ha estado bloqueada por el propio Consistorio, al imponer a los propietarios de los suelos (las empresas Edipsa y Myramar) unos costes en infraestructuras que hacían inviable la urbanización de este espacio a nivel económico, encara su materialización.
El año pasado, el equipo de gobierno municipal tomó la salomónica decisión de quedarse con estos terrenos a cambio de ceder a Edipsa y Myramar derechos para construir pisos, tanto de renta libre como de protección oficial, en la cercana zona de Lagar de Oliveros, al oeste del Puerto de la Torre. De este modo, el Ayuntamiento se convierte en el promotor de las mil VPO de Soliva Oeste, asumiendo el coste de un vial que cruzará la zona de norte a sur y que estaba presupuestado en más de 11 millones de euros. Esta cuantía hace que los gastos totales de urbanización se eleven a unos 20 millones, cantidad que los privados no estaban dispuestos a asumir y por la que llegaron a demandar al Consistorio en los tribunales, llegando a obtener una prueba pericial que les daba la razón.
Superada esa situación, el alcalde, Francisco de la Torre, quiere ir lo más rápido posible en este proyecto de VPO, en plena crisis por el problema del acceso a la vivienda en la capital. Por ello, la Sociedad Municipal de Viviendas ha seleccionado ya una empresa para la redacción del proyecto de urbanización de estos terrenos y la dirección de las obras. En concreto, será la sociedad local Ingesa Ingeniería y Diseño, que lo hará con un presupuesto de 284.350 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses para tener listo el documento, al que se añadirá un periodo de unos 18 meses para supervisar la transformación del suelo.
Así, pasarán todavía varios años para que pueda desarrollarse una operación residencial de VPO que está valorada en 195 millones de euros en total. La intención del equipo de gobierno es que 500 viviendas sean cedidas a promotores privados para su ejecución y explotación, y la otra mitad sea asumida por el Ayuntamiento, que tendría que financiar con 106 millones de euros tanto la urbanización del suelo como la construcción de los edificios para los pisos protegidos en alquiler. Para cubrir ese coste para las arcas municipales, el equipo de gobierno tramita ante el Banco Europeo de Inversiones la obtención de un préstamo de 40 millones de euros. Asimismo, prevé recabar subvenciones europeas, estatales y autonómicas para completar el resto de la financiación.
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