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Catorce años después de que se aprobara y entrara el vigor el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento tramita desde ... septiembre del año pasado el denominado Plan Especial de Infraestructuras y Servicios Básicos, un documento que recopila todas las infraestructuras viarias, de suministro de agua, saneamiento y eléctricas que son necesarias para los nuevos crecimientos urbanos. En total son unos 620 millones de euros en obras en las que el capítulo más cuantioso lo acaparan los nuevos proyectos viarios, que suman 393 millones.
Entre ellos se encuentra la ejecución de cuatro grandes pasos inferiores con los que el Consistorio pretende aliviar puntos negros del tráfico en la capital y evitar que se incremente el nivel de saturación que ya padecen con nuevos proyectos previstos. Uno de estos pasos inferiores es el que ha definido como esencial y urgente un reciente estudio realizado por el área de Movilidad para futuras actuaciones como el Tercer Hospital o el centro comercial en los suelos de Salyt. Se trata del soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en el cruce de Suárez, una intervención que el plan valora en 6,2 millones de euros y que se justifica por los números del citado estudio, que pronostica que el centro comercial en Salyt generará 500 vehículos más en horas punta, el Tercer Hospital 2.000 más, y la remodelación de la Rosaleda, unos 1.500 coches más.
Otro de los pasos inferiores previstos pretende facilitar la fluidez del tráfico en el cruce de dos grandes ejes: el de las avenidas de Jacinto Benavente y Santiago Ramón y Cajal (la entrada y salida a la capital por Ciudad Jardín) y el de Valle-Inclán, junto al puente del Mediterráneo sobre el Guadalmedina. En este caso, está valorado en 3,1 millones de euros.
Un tercer paso inferior está trazado en Cruz del Humilladero, en el cruce de la avenida de Juan XXIII con la de Ortega y Gasset, en la zona de Barbarela. Según se apunta en el Plan de Infraestructruras «se trata de una intersección conflictiva al tener ambas vías de comunicación una intensidad media diaria de tráfico alta, lo que lleva a separar ambos flujos de tráfico para disminuir el grado de saturación existente, principalmente en la avenida de Juan XXIII». En este caso, el presupuesto inicial de las obras suma 2,3 millones.
Por último, el cuarto paso inferior, valorado en 4,1 millones, se prevé bajo la autovía del Guadalhorce (A-357) a la altura de la zona de la ampliación de la Universidad para facilitar las conexiones de esa parte del campus y de los nuevos desarrollos residenciales en obras y previstos en los suelos de Buenavista (1.348 VPO), Amoniaco (1.250 viviendas) y Distrito Zeta (más de 3.400 viviendas).
En total, estos cuatro pasos inferiores suman casi 16 millones de euros que, al igual que la mayor parte de las infraestructuras viarias previstas en el plan, el Ayuntamiento prevé financiar con las aportaciones económicas que hacen las promotoras de los nuevos desarrollos urbanísticos. En concreto, de los 393 millones que suman los proyectos viarios, el documento elaborado por Urbanismo carga 242 millones (el 62%) sobre las empresas inmobiliarias. El Ayuntamiento y la Junta asumen un 18%, respectivamente, y el Gobierno central un 2%.
Este reparto ha movido a la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) a presentar alegaciones al expediente del Plan Especial de Infraestructuras en las que rechaza que los empresarios de los nuevos desarrollos de la ciudad tengan que costear la ejecución de obras ubicadas en suelos ya consolidados. Así, en un documento al que ha tenido acceso SUR, critican que se les haya cargado «el 100% de las actuaciones que corresponden al suelo urbano, situación que no es correcta puesto que, al menos, debe compartirse la carga con los suelos urbanos, debiendo ser el Ayuntamiento el que soporte esta parte de los costes».
En la relación de actuaciones que, según la ACP, no tendrían que pagar los promotores de nuevas urbanizaciones se mencionan expresamente los pasos inferiores del cruce de Suárez y en la intersección de la avenida de Juan XXIII con Ortega y Gasset. En el caso del primero, la asociación remarca que «en el futuro podría beneficiar a nuevos desarrollos, pero está claro que está resolviendo problemas de la ciudad actual». Según han apuntado desde la ACP, por el momento no han recibido respuesta de Urbanismo a este escrito.
El documento del Plan de Infraestructuras que tramita Urbanismo no solo ha recibido una extensa alegación de la Asociación de Constructores y Promotores. También hay empresarios inmobiliarios que, a título particular, han presentado escritos de rechazo al contenido de este plan. Es el caso de la sociedad promotora de la operación que todavía está por desarrollar en la zona de Hacienda El Tinto, un sector de 223.163 metros cuadrados enclavado en la zona este de la capital, al norte de El Candado, entre la urbanización de Jarazmín y la carretera de Olías.
El Plan General de Ordenación Urbanística contempla aquí la construcción de 416 viviendas de las que 135 serían protección oficial. Sin embargo, sus promotores han elevado una alegación a Urbanismo en la que manifiestan que la construcción de esos pisos resulta por ahora inviable si tienen que asumir una financiación de infraestructuras externas al sector que alcanza una suma de 6,4 millones de euros. Además, apuntan que, a esta cantidad, habría que sumar el coste de obras internas de muros de contención para viales en un suelo que tiene una topografía abrupta. Esto les lleva a estimar unas cargas que incrementarían el precio de las viviendas de forma tal que las dejaría «fuera de cualquier realidad promocional», según apuntan en el escrito remitido a Urbanismo. Por ello, piden al Ayuntamiento que aminore el importe de las cargas externas y asuma ese coste de obras en otros sectores.
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