El malagueño incinerado por error: intercambiaron los cadáveres y la otra familia tiró las cenizas

Antonio González era malagueño, tenía 62 años y murió de forma repentina por un infarto durante un viaje familiar a Cádiz en octubre de 2024. Mientras trataban de digerir la pérdida, sus hijas comenzaron a gestionar el funeral y el entierro. Porque si algo tenían claro es que su padre no quería ser incinerado. Bajo ningún concepto. «Quería ser enterrado en el cementerio de Rincón de la Victoria junto a su madre y que le lleváramos flores», asegura Alba, la menor de sus hijas.

El caso de Antonio, adelantado por SUR (ver edición del 24 de octubre), saltó a todos los medios de comunicación porque, en lugar del cadáver, la familia recibió una urna con unas cenizas. Su cuerpo había sido entregado por error a la familia de María -una gaditana que murió en las mismas fechas- y fue incinerado en el crematorio de Barbate.

Ahora, el Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz ha emitido un informe en el que reconoce abiertamente el fallo, que sitúa en el proceso de identificación. La familia, representada por el abogado malagueño Francisco Damián Vázquez, ha presentado una reclamación patrimonial por un anormalmente funcionamiento de la administración pública, en este caso la Consejería de Justicia de la Junta.

El desaguisado se descubrió cuando la funeraria acudió al IML gaditano en busca del cadáver de Antonio con el fin de trasladarlo a Málaga para el funeral y se percató de que el cuerpo que le iban a entregar era el de una mujer. Concretamente, el de María.

Cuando detectaron el error, los responsables del IML contactaron rápidamente con el tanatorio de Barbate, pero para entonces, según les explicaron desde el crematorio, el cadáver de María -que en realidad era el de Antonio- ya había sido incinerado y las cenizas, entregadas.

A continuación, el forense que dirige el Servicio de Patología de Cádiz llamó a los familiares de María para «informar de la confusión e intentar recuperar la urna con cenizas». Ya era tarde. La hija de la difunta se había deshecho de ellas.

Ante el cariz que empezaba a tomar el asunto, desde el IML se pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instruccion número 4 de Cádiz y del número 1 de Barbate, ambos competentes en las respectivas muertes.

Los forenses contactaron de nuevo con el tanatorio de Barbate para recuperar el resto de cenizas en exceso de la cremación, conscientes ya de que correspondían a Antonio González. Los restos se recogieron en una urna y se acreditó documentalmente -precisa el informe- que esa había sido la única incineración realizada durante dicha jornada. La anterior se había llevado a cabo cuatro días antes.

La urna con las cenizas sobrantes de la cremación fue enviada al IML de Cádiz, adonde acudió una patrulla de la Guardia Civil para hacerse cargo de ella. Los agentes, a su vez, se las entregaron a la funeraria contratada por la familia de Antonio, que la recibió horas más tarde.

Alba, la hija menor de Antonio, recibió una llamada del director del Instituto de Medicina Legal (IML) de Cádiz para explicarle lo sucedido: «Me dijo que se había producido un doble error, que mi padre por equivocación había sido entregado a otra funeraria y que los familiares habían incinerado el cuerpo«.

La joven se quedó en shock. «Sólo pude expresar: '¿Qué barbaridad me está diciendo? Cuando me dijo que lo habían incinerado, me bloqueé. Llevaba dos días esperando a mi padre para poder velarlo. Él insistió en que había sido un error», comentó Alba el octubre pasado en declaraciones a este periódico.

El fallo, según el informe del IML, se sitúa en el momento en que el técnico en anatomía patológica hace entrega del cadáver de Antonio -en lugar del de María- a los empleados de la funeraria «sin llevarse a cabo la confirmación de identidad del cuerpo retirado».

El director de los forenses de Cádiz reconoce todo lo que no se hizo, pese a que existe un protocolo para ello: «[...] comprobación de datos recogidos en la leyenda del sudario o en la cremallera de cierre del mismo, así como la pulsera identificativa con la identidad facilitada en la orden judicial de entrega del cuerpo y la identificación recogida en el Registro de Salida de cadáveres judiciales del Servicio de Patología Forense, como también un simple reconocimiento visual».

A juicio del responsable del IML, tanto el técnico en anatomía patológica como el operario de la funeraria «procedieron a firmar en el documento de salida y entrega de cuerpos del Servicio de Patología que habían realizado el protocolo de identidad cuando no lo hicieron, entregando el cuerpo de un hombre en vez del cuerpo de una mujer con destino a incineración en el crematorio de Barbate».

En la reclamación patrimonio presentada, el abogado Francisco Damián Vázquez considera que existe un «daño moral» evidente para las hijas «al no poder despedirse de su padre o estar junto al cadáver, o velarlo debidamente». Alba lo expresó de este modo: «Lo peor es no haber podido cumplir su última voluntad, y eso te produce una mezcla de indignación y de impotencia».

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