Sánchez y los barones del PP se citan hoy con una agenda inviable y en un clima irrespirable

Si la cumbre que tuvo lugar el pasado diciembre en el Palacio de La Magdalena, en Santander, ya resultó un fiasco –pese al intento de Pedro Sánchez de apaciguar los ánimos caldeados por su aceptación de una financiación singular para Cataluña con una quita de la deuda generalizada–, esta viene precedida por un choque estruendoso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y condicionada por la manifestación convocada por Alberto Núñez para este domingo al grito de «democracia o mafia». Una protesta en la calle impulsada a raíz de las revelaciones sobre Leire Díez , la militante socialista que ofreció favores judiciales a imputados por corrupción a cambio de trapos sucios contra la UCO, fiscales o jueces.

El Gobierno, necesitado de demostar que, pese a todo y más allá de los escándalos que copan la actualidad política, tiene una agenda clara y centrada en las cosas que preocupan a los ciudadanos, asume que no lo tendrá fácil. Quiso centrarse en la vivienda o la educación y sacar del encuentro temas sobre los que sabe de antemano que es imposible el acuerdo, como la financiación autonómica, argumentando que ya hay un órgano específico para abordarla, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero ha tenido que sucumbir por presión de los populares, que amenazaron incluso con limitarse a saludar al Rey y marcharse, a un orden del día cargadísimo y lleno de aristas.

Sobre el papel, hay una agenda inabarcable de 14 puntos que dificulta el funcionamiento de la reunión y en la que los 19 líderes territoriales cuentan con tan solo diez minutos de intervención: a la inmigración, la energía y las infraestructuras, el partido de Alberto Núñez Feijóo logró incorporar otros ocho como la reforma del modelo de financiación autonómica; la lucha contra la okupación; un plan energético para evitar apagones o el control de fronteras y política migratoria contra la que se han levantado los populares tras las últimas cesiones a Cataluña.

También se abordarán en la cumbre las posibles inversiones para evitar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación infantil; o la retirada de los proyectos de ley para la reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía, iniciativas estrella del ministro Bolaños.

Sanchez acudirá a la cita acompañado por 12 ministros, en parte como consecuencia de la gran variedad de temas finalmente previstos. Pero en el clima actual, hasta eso fue ayer objeto de crítica por parte de los populares. «Desplaza a 12 ministros para que le protejan de los 13 presidentes del PP. No es necesario, solo vamos a hablar», ironizaron. Vox reprocha a su vez al principal partido de la oposición que    se siente con el jefe del Ejecutivo tras llamarlo «capo de la mafia».

De marcar la pauta a su partido ya se ocupó el jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña aseguró acudir a la cita    «por coherencia», para escuchar al resto de mandatarios y«por no desairar a los catalanes». Pero también, subrayó, para señalar a «toda la mafia» del Gobierno y el PSOE. Y, para caldear el ambiente, amenazó con levantarse e irse si el lehendakari Imanol Pradales o Salvador Illa se expresan finalmente en euskera o catalán después de que el Ejecutivo, por primera vez, haya autorizado en el foro el uso de las lenguas cooficiales. «Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me salgo o ya veré que hago con esos pinganillos. Pero ya le digo que no me los pienso poner», dijo en la Asamblea de Madrid.

Si el Gobierno quiso celebrar por primera vez en 20 años la Conferencia de Presidentes en Cataluña para demostrar que su política de desinflamación ha funcionado, el PP está decidido a dejar claro que en el resto de España la cosa está que arde. La carta que el miércoles remitió Sánchez a mandatarios autonómicos para proponer triplicar, hasta los 7.000 millones de euros, la financiación estatal y blindar la vivienda pública de por vida, fue desdeñada por el grueso de barones    del PP y replicada por la madrileña en otra misiva: «No es creíble tu ofrecimiento».